El
término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser
causada o agravada por el entorno económico y social.
La
discriminación contra las personas con discapacidad, constituye toda
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Las
sociedades marcadas por la desigualdad económico-social suelen ser excluyentes,
discriminadoras y por ende conflictivas. Así es Colombia, un país donde se
discrimina a las personas en razón de la situación económica, pertenencia
étnica, militancia política, creencia religiosa, capacidad para desempeñarse
cotidianamente y otras formas más. Los discapacitados tienen derecho a atención
especial porque soportan simultáneamente diversos tipos de discriminación:
atención en salud, educación, transporte, movilización, participación social y
mercado laboral. Son un grupo más que vulnerable.
Muchos
se sienten marginados, privados del acceso a servicios indispensables, a
experiencias de vida, a la participación en la vida social, económica y
política, a las oportunidades de desarrollo como personas/ciudadanos.
Las
barreras discriminatorias limitan su integración plena a la sociedad,
dificultan el ejercicio de sus derechos y frenan el acceso a trabajos formales.
Sólo
un bajo porcentaje tiene trabajo estable y apenas el 1.6% está pensionado. En
estas condiciones es frecuente que los discapacitados opten por los trabajos
informales, por cuenta propia, sometidos a las incertidumbres que implica esta
forma de ganarse la vida.
La
imposibilidad de acceso a un trabajo digno para los discapacitados depende de
muchos factores. Inciden los prejuicios sociales por desconocimiento del tema,
pero fundamentalmente falta compromiso y voluntad política del gobierno para
implementar políticas de promoción laboral, también falta sensibilidad social.
Hay que diseñar políticas efectivas de promoción laboral para los
discapacitados, programas educativos adecuados y estímulos a los empresarios
privados que se comprometan a ocuparlos.
Y
cabe resaltar que a pesar de su incapacidad, no son incapaces de realizar una
labor.
Para combatir la discriminación de las personas con discapacidad, es
necesario que el Estado, respete y proteja los derechos de las personas con
discapacidad, y que dicho reconocimiento tenga como meta fomentar la
comprensión de los asuntos relativos a la discapacidad, movilizar el apoyo a la
dignidad, el bienestar de las personas discapacitadas, se garantice que tienen
los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, para
que no sean sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, y que
el Congreso legisle leyes que compensen la desigualdad física, garantizando la
discriminación positiva, al contemplar becas educativas, programas de
rehabilitación, capacitación técnica para mejorar las habilidades
especiales de cada persona con discapacidad y que así puedan participar en la
sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad en el acceso al empleo, a
la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, lo que incluye los
procesos de selección y las condiciones de contratación y promoción en todos
los niveles de la clasificación profesional, y participación en una
organización de trabajadores o empresarios, desempeñarse en cargos públicos, o
se desempeñen en empresas privadas y sin restricciones en cuanto a los derechos
de afiliación.
